RUTA LIBRE: Movilidad para decidir
En este documento
Laboratorio de Futuros | Ciudad de México 2026–2046
Equipo: CATTION
Ana Victoria Avila Alvarez
Paola Camila Alos Villalba
Francisco Fernando Guzmán Villanueva
Santiago García Arellano
Línea de investigación aplicada: Movilidad reproductiva, acceso a la información, cuidados y participación comunitaria en la Ciudad de México.
1. Presentación del proyecto
Ruta Libre es una propuesta de investigación aplicada que busca comprender las condiciones de movilidad hacia los servicios de aborto en la Ciudad de México, mediante la integración de información territorial, datos institucionales y conocimientos comunitarios. Su propósito es generar evidencia útil para la planeación gubernamental, contribuir al acceso libre a la información y fortalecer las posibilidades de desplazamiento autónomo de las personas.
La investigación parte de reconocer que la movilidad no se limita al traslado entre dos puntos. Constituye una experiencia situada, atravesada por condiciones económicas, responsabilidades de cuidado, desigualdades territoriales, barreras informativas y relaciones de poder. Por ello, estudiar la movilidad reproductiva requiere comprender tanto la infraestructura urbana como las condiciones sociales que permiten utilizarla.
Ruta Libre no busca determinar dónde deben abortar las personas ni convertir sus decisiones en registros institucionales. Propone producir conocimiento que permita al gobierno identificar barreras de movilidad, mejorar la coordinación de servicios y desarrollar políticas públicas basadas en evidencia, sin comprometer la autonomía o privacidad de quienes ejercen su derecho a decidir.
La CDMX ya no es la única entidad con servicios de ILE. De una entidad en 2007 se pasó a unas 24–25 con alguna forma de despenalización (el conteo varía por fuente), casi la mitad sumadas en 2024–2025. Hipótesis del equipo, sin dato medido: esto puede cambiar los patrones de desplazamiento, sobre todo desde estados vecinos como el Estado de México y Puebla. Por eso el estudio de movilidad debe partir de datos de origen, que hoy no existen en forma pública (ver sección 3).
Pregunta central de investigación
¿Cómo pueden integrarse los datos de movilidad, la información institucional y los saberes comunitarios para mejorar la planeación territorial del acceso al aborto en la Ciudad de México, garantizando la autonomía, la privacidad y el derecho al cuidado?
Objetivo general
Desarrollar un modelo de investigación territorial y participativa que permita identificar las condiciones de accesibilidad hacia servicios de aborto en la Ciudad de México, mediante el análisis de información pública, redes de transporte y conocimientos comunitarios, con el propósito de generar indicadores y recomendaciones aplicables a la planeación gubernamental.
2. Justificación
Durante las últimas dos décadas, la Ciudad de México se ha consolidado como un referente en el reconocimiento del derecho al aborto, mediante reformas legislativas, protocolos de atención y servicios públicos gratuitos. Sin embargo, la existencia de estos recursos no garantiza por sí misma condiciones equitativas para acceder a ellos. Las distancias, los costos de transporte, los horarios y las responsabilidades de cuidado constituyen factores que pueden influir en las posibilidades reales de ejercer este derecho.
Esta problemática adquiere especial relevancia al considerar que los servicios capitalinos atienden a personas procedentes de otros territorios. Entre julio de 2024 y diciembre de 2025, la Coordinación Estatal de IMSS-Bienestar de la Ciudad de México (s. f.) registró 19,300 procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), de los cuales 4,170 correspondieron a personas residentes del Estado de México. Asimismo, se identificaron 67 registros de residencia en países extranjeros. Aunque estas cifras no permiten conocer cuántas personas viajaron específicamente para abortar, muestran que la atención pública de la capital no se limita a su población residente.
Datos: el total de 19,300 y la cifra de 4,170 del Estado de México coinciden con una nota de La Razón del 28/09/2026; el dato de 67 registros de residencia en el extranjero no aparece en esa nota (sin verificar). La misma nota suma al menos 5,514 atenciones de otras entidades: Estado de México 4,170, Puebla 221, Oaxaca 189, Veracruz 151, Hidalgo 124 y Guerrero 104. Quedan hasta 13,786 atenciones de residentes de la CDMX u otros registros sin desglosar (cálculo del equipo). Para tener perspectiva histórica: de abril de 2007 a junio de 2024 hubo 277,268 ILE, 68% de residentes de la CDMX, 28% del Estado de México y 4% de otros estados [CDHCM]. En 2024–2025 el Estado de México sería 21.6% del total (4,170 de 19,300, cálculo del equipo) frente a 28% histórico; la diferencia merece explorarse, pero con estos datos no se puede atribuir a una causa. El portal oficial de ILE falló al consultarlo durante la investigación, por lo que ninguna de estas cifras está confirmada en el PDF oficial. La referencia aparece como «s. f.»; la nota de prensa sugiere que el informe se publicó en 2026.
La dimensión metropolitana también requiere atención. La Encuesta Origen-Destino de 2017 documentó 34.56 millones de viajes durante un día entre semana en la Zona Metropolitana del Valle de México, incluidos aproximadamente 2.25 millones de desplazamientos desde municipios conurbados hacia la capital (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2018). Estos resultados evidencian la importancia de estudiar la movilidad más allá de los límites administrativos de la ciudad. Sin embargo, las estadísticas generales de transporte no permiten identificar por sí mismas las condiciones específicas para llegar a los servicios de aborto.
Movilidad: la cifra de 34.56 millones de viajes coincide con la investigación [INEGI y WRI México]. Otros resultados de la misma encuesta: 58.1% de los viajes al trabajo dura de 31 minutos a 2 horas y cerca de 45% se hace en transporte público, sobre todo microbús o combi. WRI México advierte limitaciones en los datos y publicó una base ajustada. No existe una edición posterior a 2017, por lo que los tiempos y modos pueden haber cambiado (Cablebús desde 2021, Trolebús Chalco–Santa Martha, cierres y reapertura de la Línea 12).
La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI, 2019) ha reconocido que los patrones de desplazamiento presentan diferencias relacionadas con el género y las responsabilidades de cuidado. Esta aproximación encuentra sustento en la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2024, que identificó una diferencia de 21.5 horas semanales entre mujeres y hombres en el trabajo doméstico, de cuidados y voluntario (INEGI, 2025). Con la publicación de la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México en julio de 2026, se abre una oportunidad para investigar cómo estas responsabilidades pueden incorporarse a la planeación territorial y al acceso a servicios esenciales.
Cuidados: ENUT 2024: las mujeres dedican 39.7 horas semanales al trabajo no remunerado y los hombres 18.2 (brecha de 21.5 horas, de 27.3 horas entre hablantes de lengua indígena); el trabajo no remunerado equivale a 23.9% del PIB (2024; el 26.3% de otras notas es de 2023) [INEGI]. La Ley del Sistema de Cuidados fue aprobada el 26 may 2026 (64 votos a favor, ninguno en contra) y publicada el 2 jul 2026 en la Gaceta Oficial, edición 1893 Bis; entra en vigor al día siguiente según una síntesis de la SCJN. Esto coincide con el documento. A nivel federal no hay reforma constitucional ni sistema nacional de cuidados. IMCO advierte que ampliar servicios dependerá de reasignaciones de gasto. El plan de la CDMX prevé 200 espacios (100 en Utopías y 100 en Pilares y otros). El documento de SEMOVI de 2019 no se revisó en la investigación (sin verificar).
Otra dimensión relevante corresponde a la organización institucional de la atención. Los lineamientos capitalinos de 2018 distinguen distintos supuestos para la interrupción del embarazo, incluyendo categorías como Interrupción Legal del Embarazo (ILE) e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con criterios específicos de operación (Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 2018). Estas diferencias tienen implicaciones para la movilidad, pues las personas necesitan conocer qué servicios están disponibles, cuáles son sus condiciones de atención y qué mecanismos de referencia existen. La información pública debe ser verificable, comprensible y suficientemente contextualizada para facilitar decisiones autónomas.
Territorio: un documento de SEDESA lista 14 unidades públicas de ILE (7 centros de salud y 7 hospitales), pero la lista cambia entre publicaciones. Desde febrero de 2025 el ISSSTE garantiza ILE en sus unidades (14 en la CDMX) [CDHCM] y un medio reporta que el IMSS la ofrecerá en la CDMX y 25 estados más (marzo de 2026). Desde el 1 jul 2024 los servicios de salud de la CDMX pasaron a IMSS-Bienestar, por lo que hay más de una institución que ofrece el servicio y su información se reparte en varias fuentes.
Desde las humanidades, Ruta Libre reconoce que las narrativas institucionales también intervienen en el ejercicio de los derechos. La elección de términos, la organización de contenidos y las formas de orientación pueden facilitar la comprensión o reproducir estigmas. En 2024, la Secretaría de Salud capitalina alertó sobre servicios falsos de ILE que difundían información engañosa cerca de unidades públicas (Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 2024). Este antecedente refuerza la pertinencia de desarrollar criterios de verificación, comunicación accesible y protección de la privacidad.
Tecnología: entre 2022 y 2025 se documentan clínicas falsas de ILE, un autobús clausurado y presencia antiderechos con el discurso «no estás sola» frente a unidades públicas, sin fecha exacta por caso. Sobre privacidad: en el caso Nebraska (EE. UU., 2022) mensajes de Facebook se usaron como evidencia en una causa por aborto [académico: Northeastern]; en México, la ley de datos personales de marzo de 2025 pasó las funciones del INAI a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno [DOF], y desde enero de 2026 inicia el vínculo obligatorio entre línea móvil y CURP (plazo y estado actual sin verificar). Es una hipótesis del equipo que esto puede dejar más rastro digital a quien busca ILE; no hay evidencia de que se use contra usuarias en México. ENDUTIH 2024: 83.1% de la población usa internet y 97.2% de quienes lo usan tiene smartphone; 86.9% en zonas urbanas y 68.5% en rurales [INEGI].
La propuesta reconoce los avances institucionales existentes y plantea una oportunidad de colaboración entre gobierno, ciudadanía y organizaciones comunitarias. Su contribución consiste en conectar capacidades públicas que ya existen para producir conocimiento nuevo sobre movilidad reproductiva, mediante herramientas de análisis territorial y metodologías participativas. Los resultados buscarán mejorar la información disponible, identificar oportunidades de coordinación y orientar intervenciones gubernamentales pertinentes.
3. Planteamiento del problema
La Ciudad de México cuenta con registros estadísticos sobre atención del aborto, sistemas de información territorial y herramientas públicas para consultar redes de transporte. Sin embargo, las fuentes analizadas no ofrecen, de manera integrada, una explicación suficiente sobre las condiciones de movilidad necesarias para llegar a los servicios. Esta falta de articulación representa una oportunidad de investigación para la planeación pública.
El problema no consiste exclusivamente en localizar unidades médicas, sino en comprender cómo se relacionan sus características de atención con los tiempos, costos, transbordos, horarios y necesidades de cuidado. La investigación también considera los puntos de llegada de personas provenientes de otras entidades o países, particularmente terminales de autobuses y aeropuertos. Su objetivo es identificar condiciones territoriales sin registrar las decisiones reproductivas ni los desplazamientos individuales.
La movilidad debe entenderse como una posibilidad libremente elegida, no como una obligación para ejercer el derecho al aborto.
Lo que la investigación confirma que falta: (1) residencia de las usuarias por alcaldía o municipio, tiempo, modo de traslado y costo: no existe en datos públicos; (2) la lista vigente de unidades de ILE con direcciones, para cruzarla con las líneas de transporte; (3) una Encuesta Origen-Destino posterior a 2017; (4) datos de acoso en el transporte de la CDMX (la ENSU 2025 reporta 64.9% de percepción de inseguridad en el transporte público, pero es dato de 91 ciudades, no de la CDMX) [INEGI]; (5) datos de llegadas a terminales de autobuses y aeropuertos relacionadas con servicios de aborto. Los orígenes más lejanos que reporta La Razón (Puebla, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Guerrero) sugieren que las terminales de autobuses importan; es una hipótesis, no un dato.
4. Análisis retrospectivo: 2006–2026
¿Cómo se comportaban las fuerzas motoras en 2006?
En 2006, el entonces Distrito Federal contaba con disposiciones que permitían el aborto bajo supuestos legales específicos, pero todavía no reconocía la interrupción voluntaria durante las primeras doce semanas. La organización de los servicios respondía a un marco normativo distinto del que comenzaría a desarrollarse en 2007. Este periodo constituye nuestro punto de partida para estudiar la evolución del acceso institucional.
La información pública y las tecnologías de consulta tenían un desarrollo diferente del actual, mientras la movilidad metropolitana ya representaba una dimensión importante de la vida urbana. Las responsabilidades de cuidado permanecían distribuidas de manera desigual, sin un sistema público respaldado por una ley específica como la publicada en 2026. Por su parte, las organizaciones feministas participaban en la defensa de los derechos reproductivos, aunque necesitamos profundizar en los mecanismos históricos mediante los cuales sus conocimientos se relacionaban con las políticas públicas.
Hasta 2007 el aborto se estudiaba con egresos hospitalarios (SAEH/SINAIS), que miden complicaciones y no servicios de ILE; no existía una serie estadística del programa [Colmex]. En movilidad, el Metrobús Línea 1 llevaba un año de operación (abrió el 19 jun 2005) [fuente secundaria]; la Encuesta Origen-Destino de 2007 se levantaba ese mismo periodo. En tecnología, Uber llegaría hasta 2013. Sobre la pregunta pendiente de mecanismos históricos de las organizaciones feministas: Las Libres nació en Guanajuato en 2000 como respuesta a una reforma que quitaba la causal de violación, y el acompañamiento comunitario ya existía antes de la despenalización de 2007.
Fuerzas motoras identificadas
1. Marco jurídico y responsabilidad gubernamental. Reformas, sentencias, políticas públicas, asignación presupuestaria y mecanismos institucionales que influyen en el acceso al aborto.
Dirección: mejora sostenida con estancamiento reciente. De una entidad (2007) a unas 24–25 con alguna forma de despenalización; en 2026 no se registran nuevas, hay procesos congelados en 8 estados y la reforma local de la CDMX sigue sin votarse en el pleno. Tendencia nueva: contramovimientos (límite de 6 semanas en Aguascalientes, bloqueo en Guanajuato).
2. Movilidad y distribución territorial. Infraestructura de transporte, ubicación de servicios, conexiones metropolitanas, costos y condiciones de accesibilidad.
Dirección: mixta. Más oferta hacia la periferia (Cablebús, Trolebús Chalco–Santa Martha), pero frágil: la Línea 12 estuvo casi tres años interrumpida tras el colapso del 3 may 2021 y tuvo otro cierre parcial en sep 2026; hay más autos (un vehículo por cada 2.5 habitantes en 2021, frente a uno por cada 7.2 en 2000).
3. Tecnología e información pública. Desarrollo de sistemas digitales, disponibilidad de datos, mecanismos de verificación, riesgos de desinformación y protección de la privacidad.
Dirección: mejora en acceso y empeora en riesgo. Conectividad casi universal en lo urbano, telemedicina respaldada por la OMS (2022) y la FDA (2021), pero más riesgo de rastro digital y autoridad de datos dentro del Ejecutivo.
4. Participación comunitaria. Organización ciudadana, redes de acompañamiento, producción de conocimiento situado y posibilidades de incidencia pública.
Dirección: las redes crecen en escala y se articulan a distancia y entre estados (Red de Aborteras, Necesito Abortar, Fondo MARIA, acompañamiento transfronterizo). El piloto TELEILE (2022) es un ejemplo de colaboración con el gobierno.
5. Cuidados y desigualdades estructurales. Distribución social del trabajo de cuidados, reconocimiento de derechos, discriminación y condiciones materiales para desplazarse.
Dirección: del trabajo invisible al derecho exigible: Constitución de la CDMX (2018), SCJN (2023), Ley del Sistema de Cuidados (2026). La carga sigue desigual (brecha de 21.5 horas semanales) y la CDMX es la entidad más envejecida según CONAPO. ENADIS 2022: 28.2% de personas indígenas, 35.7% de afrodescendientes y 28.5% de migrantes reportan discriminación [INEGI]; no hay cifras desagregadas para mujeres de esos grupos (sin verificar).
6. Producción y uso de datos. Evolución de registros institucionales, indicadores territoriales y capacidades para transformar información en decisiones públicas.
Dirección: más datos, pero fragmentados y menos transparentes. Federalización de la estadística de ILE (jul 2024), extinción del INAI y nueva Ley General de Transparencia (mar 2025), reportes por periodos irregulares y primera cifra pública por entidad de procedencia en sep 2026.
Línea del tiempo: principales acontecimientos
2006 | Antecedentes normativos. El aborto estaba regulado mediante supuestos legales específicos. En noviembre se publicaron lineamientos relacionados con la organización de los servicios de interrupción del embarazo.
Los lineamientos de noviembre de 2006 no se pudieron confirmar en una fuente primaria (sin verificar).
2007 | Despenalización en el Distrito Federal. El 24 de abril se aprobó la reforma que despenalizó el aborto voluntario durante las primeras doce semanas. Su publicación, el 26 de abril, dio paso al desarrollo de servicios públicos gratuitos y a la actualización de sus lineamientos operativos.
Las fechas coinciden con el boletín de la CDHCM. Una fuente académica menciona un dictamen el 19 abr 2007; no contradice la aprobación del 24. El 24 y 25 de mayo de 2007 la CNDH y la PGR impugnaron la reforma (acciones 146/2007 y 147/2007). Nace la serie estadística de ILE y se levanta la Encuesta Origen-Destino 2007.
2008 | Reconocimiento constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la validez de la reforma mediante las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007.
Resolvió el 28 ago 2008 por 8 votos contra 3 [comunicado de la SCJN].
2009 | Atención en casos de violencia sexual. La publicación de la NOM-046 estableció criterios nacionales para atender situaciones de violencia familiar y sexual, incluyendo obligaciones institucionales relacionadas con el acceso al aborto.
Nace el Fondo MARIA (en 2009, desde el 28 de mayo según prensa), que apoya con información, logística, financiamiento y acompañamiento emocional, incluso a personas de otras entidades que viajan a la CDMX. INEGI levanta la ENUT 2009. La NOM-046 no se revisó en esta investigación (sin verificar).
2010: el 16 feb 2010 arranca Ecobici (85 estaciones, unas 1,100 bicicletas, 6 colonias centrales) [ITDP]. Las Libres litiga y logra la liberación de 7 mujeres presas por abortos en Guanajuato.
2012 | Actualización de lineamientos. Se modificaron disposiciones locales para la organización de los servicios. Sus diferencias respecto a versiones anteriores requieren análisis documental específico.
El 30 oct 2012 se inaugura la Línea 12 del Metro (Mixcoac–Tláhuac), que conecta sur y oriente. Los cambios de los lineamientos de 2012 siguen sin fuente (sin verificar).
2013: Uber inicia operaciones en México. El boleto del Metro sube de 3 a 5 pesos; en 2024 seguía en 5 pesos y el Metrobús en 6.
2016 | Modificación de la NOM-046. Se establecieron disposiciones que facilitaron la solicitud de interrupción del embarazo por violación, sin exigir como regla general autorización previa de una autoridad.
2017–2018 | Reconocimiento de derechos y actualización institucional. La Constitución Política de la Ciudad de México fortaleció el marco de derechos sexuales y reproductivos. En abril de 2018 se publicaron lineamientos actualizados que distinguieron ILE, IVE y otros supuestos de atención, con criterios operativos diferenciados.
La Constitución se promulgó el 5 feb 2017 (fecha de publicación sin verificar) y entró en vigor el 17 sep 2018 [CDHCM]. Su art. 6 reconoce los derechos sexuales y reproductivos y el art. 9, apartado B, el derecho al cuidado y manda crear un sistema de cuidados. Los lineamientos del 25 abr 2018 coinciden con la referencia. En 2017, la Encuesta Origen-Destino (ene–mar 2017) y el nacimiento de la Red Necesito Abortar en Monterrey; desde 2018 opera Marea Verde Chihuahua.
2019: Oaxaca despenaliza, primer estado después de la CDMX (día exacto sin verificar). El 18 ene 2019 se publica el programa PILARES y a finales de 2019 Iztapalapa inicia las Utopías y su Sistema Público de Cuidados. Desde 2019 Las Libres acompaña también a personas en Estados Unidos.
2020 | Pandemia y alternativas de atención. La emergencia sanitaria transformó las condiciones de movilidad. Los servicios ILE continuaron funcionando, mientras se desarrollaron modalidades de orientación y seguimiento a distancia.
Surge la Red de Aborteras (colectivo Aborto Legal México), con presencia en 19 estados y 7 países, coordinada por WhatsApp, Facebook y Zoom. El impacto de la pandemia sobre los cuidados no se documentó con fuente propia (sin verificar).
2021 | Fortalecimiento constitucional del derecho a decidir. La SCJN determinó que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional, al resolver la acción de inconstitucionalidad 148/2017, relativa a Coahuila. También entró en vigor una nueva Ley de Salud de la Ciudad de México.
La fecha del 7 sep 2021 coincide con la prensa; la sentencia no obliga por sí sola a los congresos locales a reformar sus códigos. En 2021 despenalizan Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California y Colima. La entrada en vigor de la Ley de Salud no se revisó (sin verificar). El 3 may 2021 colapsa el tramo elevado de la Línea 12 (entre 23 y 26 muertos según la fuente); el Cablebús Línea 2 se inaugura el 8 ago 2021. La FDA hace permanente la flexibilidad de la telemedicina en diciembre (referencia de EE. UU.) [KFF].
2022 | Evidencia estadística de atención a personas no residentes. La Secretaría de Salud capitalina reportó 252,760 procedimientos ILE acumulados desde abril de 2007 hasta agosto de 2022, incluyendo atenciones a personas residentes de otras entidades y países.
La cifra de 252,760 coincide con una nota de Publimetro del 28/09/2022 que cita a Salud CDMX. El 26 abr 2022 Salud CDMX anuncia el piloto TELEILE de teleacompañamiento con IPAS, ejemplo de colaboración gobierno–sociedad civil. El 9 mar 2022 la OMS publica directrices con recomendaciones sobre telemedicina y autogestión [OPS]. En 2022 despenalizan Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.
2023 | Amparo sobre criminalización federal. La Primera Sala de la SCJN resolvió el amparo en revisión 267/2023, declarando inconstitucionales disposiciones del Código Penal Federal que criminalizan el aborto y ordenando al Congreso de la Unión su derogación.
La fecha del 6 sep 2023 está respaldada por un comunicado de la UNAM. No obliga por sí misma a los congresos locales. En 2023 también hubo fallos sobre Aguascalientes (agosto) y Chihuahua (octubre). El 18 oct 2023 la Primera Sala reconoce el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado (amparo directo 6/2023). Reabren 5 estaciones elevadas de la Línea 12 el 15 jul 2023.
2024 | Nuevas discusiones legislativas e información engañosa. Comisiones del Congreso capitalino aprobaron un dictamen para eliminar el delito de aborto voluntario del Código Penal local, sin que esa aprobación constituyera por sí misma una reforma vigente. Ese mismo año, la Secretaría de Salud alertó sobre la presencia de servicios falsos de ILE.
Al 3 dic 2025 la reforma seguía sin votarse en el pleno, «en pausa por falta de consenso». En 2024 siete estados reforman sus leyes (Puebla, Jalisco, Michoacán, Chiapas, San Luis Potosí, Zacatecas y Estado de México), entre ellos dos vecinos de la CDMX; el 28 ago Aguascalientes limita el aborto a 6 semanas. El 1 jul la estadística de ILE se federaliza con el paso a IMSS-Bienestar. A fines de enero reabre por completo la Línea 12 (día exacto sin verificar) y hacia septiembre inicia el Cablebús Línea 3 (fecha inferida).
2024–2025 | Ampliación de la información estadística disponible. Los registros de IMSS-Bienestar permiten identificar atenciones por residencia, unidad médica, edad, semanas de gestación y procedimiento. Estos datos son relevantes para la investigación, aunque no describen directamente las condiciones de movilidad.
Las cifras por entidad de procedencia aparecieron en prensa el 28 sep 2026 (ver sección 2). En 2025: seis estados más despenalizan (Chihuahua, Nayarit, Campeche, Yucatán por vía judicial, Tabasco y Tlaxcala) y Guanajuato bloquea la despenalización; el 20 mar se publica la nueva Ley General de Transparencia y se extingue el INAI; en febrero el ISSSTE garantiza ILE; el 28 ago se publica la ENUT 2024; el 18 may era la fecha anunciada del Trolebús Chalco–Santa Martha (no se confirmó que se cumpliera).
2026 | Ley del Sistema de Cuidados. El 2 de julio se publicó la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, que establece un nuevo marco para organizar responsabilidades y servicios de cuidado. Su implementación representa una oportunidad para investigar la relación entre cuidados, movilidad y ejercicio de derechos.
Fecha confirmada: Gaceta Oficial, edición 1893 Bis, 2 jul 2026 [síntesis de la SCJN]. En 2026 no se registran nuevas despenalizaciones y hay procesos congelados en Aguascalientes, Guanajuato, Sonora, Querétaro, Durango, Morelos, Nuevo León y Tamaulipas. Desde el 9 ene inicia el vínculo línea móvil–CURP. Plan de movilidad del Mundial por 5,183 millones de pesos; partido inaugural el 11 jun (el estado de las obras no se verificó) y cierre parcial de la Línea 12 el 12–14 sep.
¿Cómo evolucionaron las tendencias?
Entre 2006 y 2026, las fuerzas motoras muestran avances importantes en el reconocimiento jurídico del aborto, la organización de servicios públicos y la producción de información institucional. Sin embargo, estos procesos han evolucionado a ritmos diferentes, atravesados por desigualdades territoriales, económicas y sociales. La ampliación normativa no garantiza automáticamente las mismas condiciones materiales de acceso para toda la población.
El desarrollo tecnológico ha permitido nuevas formas de consulta y orientación, mientras las redes comunitarias han continuado construyendo conocimientos fundamentales para comprender las condiciones de atención. Paralelamente, el reconocimiento del derecho al cuidado abre nuevas posibilidades de articulación institucional. El desafío consiste en aprovechar estas transformaciones para desarrollar políticas públicas que consideren la movilidad como una dimensión del ejercicio de la autonomía reproductiva.
Síntesis · hacia dónde va cada fuerza:
| Fuerza motora | Dirección 2006→2026 | Tendencia nueva (últimos 5 años) | Rumbo si nada cambia |
|---|---|---|---|
| Marco jurídico | Mejora con estancamiento reciente | ~24–25 entidades con despenalización; contramovimientos; reforma de la CDMX sin votar | Despenalización lenta por vía judicial; la CDMX pierde exclusividad |
| Movilidad y territorio | Mixta | Cablebús, Trolebús Chalco, obras del Mundial; más autos; cierres de la L12 | Traslados largos desde el Estado de México |
| Tecnología e información | Mejora en acceso, empeora en riesgo | Telemedicina; desinformación; ley de datos 2025; registro móvil con CURP 2026 | Más rastro digital sin autoridad independiente |
| Participación comunitaria | De la exigencia a redes a escala | Acompañamiento a distancia y entre estados; TELEILE | Las acompañantes siguen cubriendo huecos del Estado |
| Cuidados y desigualdades | Del trabajo invisible al derecho exigible | Derecho reconocido por la SCJN (2023); Ley de Cuidados CDMX (2026); envejecimiento | Ley aplicada parcialmente; la carga sigue sobre las mujeres |
| Producción de datos | Más datos, menos transparentes | Federalización; fin del INAI; primera cifra por entidad en 2026 | Series tardías; movilidad solo inferida por entidad |
5. Escenarios de futuro: Ciudad de México 2046
Escenario inercial
Una ciudad que reconoce derechos, pero mantiene desigualdades para ejercerlos.
En 2046, la Ciudad de México podría contar con mayores avances jurídicos, tecnológicos y de infraestructura, pero sin garantizar su implementación equitativa. La coordinación insuficiente entre instituciones, la continuidad de violencias estructurales y la influencia de discursos antiderechos podrían mantener barreras para mujeres, personas de las disidencias sexogenéricas, indígenas, afromexicanas y personas en movilidad. Los servicios públicos continuarían funcionando, aunque sus condiciones de acceso presentarían diferencias territoriales.
La Ley del Sistema de Cuidados podría registrar avances de implementación sin lograr una integración suficiente con las políticas de movilidad reproductiva. Los costos, tiempos de traslado y responsabilidades de cuidado seguirían siendo factores poco considerados en los sistemas de planeación. Las nuevas alternativas de transporte no necesariamente responderían a las necesidades de quienes deciden desplazarse para abortar.
La expansión tecnológica produciría mayor cantidad de información, pero persistirían dificultades de interoperabilidad, actualización y privacidad. Las colectivas continuarían resolviendo barreras sin reconocimiento ni remuneración suficientes, mientras sus conocimientos tendrían una incorporación limitada en los procesos institucionales.
Resultado: una ciudad con más derechos, servicios y herramientas digitales, pero donde las desigualdades de movilidad continuarían limitando las posibilidades de acceso.
Señales que lo respaldan: reforma local de la CDMX sin votarse desde 2024; 2026 sin nuevas despenalizaciones; Ley de Cuidados publicada pero con implementación por evaluar y financiamiento ligado a reasignaciones (IMCO); datos federalizados y en periodos irregulares; brecha de 21.5 horas en cuidados; oferta de transporte que crece, pero con fallas de mantenimiento como las de la Línea 12. Es una lectura del equipo, no un pronóstico de las fuentes.
Escenario de colapso
Una ciudad donde el debilitamiento institucional profundiza la desigualdad.
En 2046, el fortalecimiento de proyectos políticos de ultraderecha y discursos contrarios a los derechos reproductivos podría favorecer retrocesos normativos, recortes presupuestarios y debilitamiento de los servicios gratuitos. La violencia institucional, el racismo y la discriminación profundizarían las barreras para poblaciones históricamente excluidas. Las responsabilidades gubernamentales perderían capacidad de traducirse en servicios efectivos.
El deterioro de la movilidad pública, sumado al incumplimiento de obligaciones en materia de cuidados, podría incrementar los costos y dificultades para desplazarse. Las personas provenientes de otros territorios enfrentarían mayores incertidumbres sobre las opciones de atención, mientras las redes comunitarias soportarían una demanda creciente bajo condiciones de precarización. La persecución de acompañantas y la pérdida de espacios de participación debilitarían conocimientos fundamentales para comprender las necesidades de la población.
La expansión de sistemas digitales sin mecanismos adecuados de protección podría favorecer la vigilancia, la desinformación y la exposición de datos sensibles. Los registros institucionales perderían calidad e interoperabilidad, reduciendo la capacidad gubernamental para identificar desigualdades y orientar intervenciones.
Resultado: una ciudad donde la pérdida de capacidades públicas, la crisis de cuidados y las barreras territoriales restringirían cada vez más el ejercicio del derecho a decidir.
Señales que lo respaldan: límite de 6 semanas en Aguascalientes (2024) y bloqueo en Guanajuato (2025) muestran que los retrocesos formales ya ocurren en otros estados; extinción del INAI y ampliación de causales de reserva (según una columna crítica); vínculo línea móvil–CURP; cierres repetidos de la Línea 12; clínicas falsas y presencia antiderechos frente a unidades públicas. Matiz: no hay evidencia directa de retrocesos en la CDMX ni datos sobre agotamiento o persecución de acompañantes; es el escenario con menos respaldo empírico.
Escenario de transformación
Una ciudad donde la movilidad, los cuidados y la autonomía reproductiva forman parte de las responsabilidades del Estado.
En 2046, la Ciudad de México habrá consolidado políticas públicas que articulan el derecho a decidir con la movilidad, los cuidados y el acceso libre a la información. Los avances jurídicos estarán acompañados de servicios gratuitos, protocolos actualizados y mecanismos capaces de responder a distintas realidades territoriales. Las instituciones habrán fortalecido su responsabilidad de garantizar derechos sin discriminación por origen, situación migratoria, identidad de género o pertenencia indígena y afromexicana.
La movilidad reproductiva formará parte de la planeación territorial, permitiendo que las personas elijan dónde y cómo desplazarse para acceder a servicios de aborto. La coordinación entre instituciones de salud, transporte y cuidados facilitará conexiones accesibles desde terminales de llegada, información sobre costos y alternativas compatibles con los horarios de atención. La implementación del Sistema de Cuidados contribuirá a reducir las barreras materiales asociadas con responsabilidades históricamente distribuidas de manera desigual.
La ciudad contará con sistemas públicos de información interoperables que integren datos territoriales e institucionales para orientar decisiones gubernamentales. Las herramientas tecnológicas permitirán consultar servicios verificados y comparar alternativas de movilidad sin registrar historiales personales. Su desarrollo incorporará criterios de accesibilidad lingüística, cultural y digital, reconociendo que la tecnología es un recurso de apoyo cuyo valor depende de su pertinencia social.
Las colectivas, acompañantas y organizaciones comunitarias participarán en la construcción, seguimiento y evaluación de políticas públicas mediante mecanismos de colaboración que reconozcan sus conocimientos, autonomía organizativa y remuneración digna. Su experiencia será valorada como una contribución legítima a la producción de conocimiento, sin sustituir las responsabilidades institucionales. A través de esta articulación, el gobierno podrá identificar desigualdades, asignar recursos con mayor precisión y evaluar el impacto de sus intervenciones.
Resultado: una ciudad donde el ejercicio del derecho a decidir no dependa del lugar de residencia, las condiciones económicas ni las posibilidades individuales de desplazamiento. La movilidad será una opción libre, los cuidados una responsabilidad social compartida y la información pública un instrumento para transformar las desigualdades.
Precedentes y condiciones: ya existen piezas: el piloto TELEILE como modelo de colaboración con colectivas, la Ley del Sistema de Cuidados (2026), el Cablebús y el Trolebús Chalco–Santa Martha como conexión Estado de México–CDMX, y ILE en SEDESA/IMSS-Bienestar, ISSSTE y, según prensa, IMSS. Condiciones que hoy no se cumplen: autoridad de datos independiente (la actual depende del Ejecutivo), reforma federal sobre cuidados, microdatos de procedencia por alcaldía o municipio y una Encuesta Origen-Destino actualizada.
6. Propuesta de investigación para alcanzar el escenario de transformación
Ruta Libre propone desarrollar una investigación aplicada que articule tres líneas prioritarias, atravesadas por una perspectiva de cuidados, interculturalidad, derechos humanos y protección de la privacidad. Su propósito es generar conocimiento susceptible de convertirse en indicadores territoriales y recomendaciones para la política pública.
Línea 1. Movilidad reproductiva y accesibilidad territorial
Investigar las condiciones de desplazamiento hacia servicios de aborto mediante el análisis de tiempos, costos, transbordos, horarios, infraestructura accesible y posibilidades de regreso. El estudio considerará puntos de origen dentro de la ciudad, municipios metropolitanos, terminales de autobuses y aeropuertos. Su finalidad será reconocer dónde existen oportunidades para mejorar las conexiones entre redes de transporte y servicios públicos.
Los resultados permitirán desarrollar indicadores territoriales comparables y generar recomendaciones para las dependencias responsables de movilidad, salud y planeación. La investigación no buscará clasificar territorios como seguros o inseguros, sino describir condiciones observables mediante información verificable.
Línea 2. Información pública, lineamientos y narrativas sobre el aborto
Analizar cómo las instituciones comunican la disponibilidad de servicios de aborto, sus requisitos, horarios, criterios de atención y mecanismos de referencia. El estudio distinguirá las categorías ILE e IVE empleadas en los instrumentos normativos capitalinos, considerando sus alcances específicos y posibles diferencias de aplicación. Esta revisión permitirá identificar oportunidades para mejorar la comprensión de la información antes de realizar un desplazamiento.
También se evaluarán las narrativas presentes en directorios y herramientas digitales, prestando atención a posibles estigmas, sesgos, barreras lingüísticas o solicitudes innecesarias de información personal. Los hallazgos permitirán desarrollar criterios de comunicación pública clara, verificable y respetuosa de la autonomía reproductiva.
La información está repartida entre SEDESA, IMSS-Bienestar, ISSSTE y, según prensa, IMSS. Hay clínicas falsas y presencia antiderechos cerca de unidades públicas (2022–2025). La nota de La Razón de septiembre de 2026 se titula en torno a que la distancia frena el acceso, lo que coincide con la tesis del proyecto.
Línea 3. Participación ciudadana y producción comunitaria de conocimiento
Diseñar una metodología participativa que incorpore los saberes de colectivas, acompañantas y ciudadanía en la construcción e interpretación de indicadores territoriales. Su experiencia contribuirá a identificar obstáculos relacionados con el transporte, la disponibilidad de servicios, las condiciones de acompañamiento y la información institucional. Esta colaboración contemplará participación voluntaria, reconocimiento de autoría, remuneración digna y acuerdos de uso de la información.
El conocimiento comunitario no será utilizado para sustituir funciones gubernamentales ni para construir registros de experiencias personales de aborto. La propuesta buscará establecer mecanismos de validación, diálogo y devolución de resultados que respeten la autonomía organizativa.
Precedentes con los que se puede dialogar: Fondo MARIA (apoyo logístico y de traslado, desde 2009), Red de Aborteras (19 estados y 7 países), Red Necesito Abortar, Las Libres, Marea Verde Chihuahua y el piloto TELEILE con IPAS (2022). GIRE acompañó a 90 personas en 9 entidades en 2025 [ONG]. Las cifras de organizaciones, como los envíos de pastillas a unas 20,000 mujeres en EE. UU. que declara Las Libres, son declaraciones y no están auditadas.
7. Enfoques transversales
Cuidados
La investigación incorporará las condiciones materiales que hacen posible un desplazamiento, especialmente cuando existen responsabilidades de cuidado, necesidades de acompañamiento o limitaciones de tiempo. Esta dimensión permitirá explorar oportunidades de articulación con la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, sin asumir que todas las personas requieren las mismas formas de apoyo.
La ENUT 2024 documenta una brecha de 21.5 horas semanales (27.3 horas entre hablantes de lengua indígena y 26.4 en localidades de menos de 10 mil habitantes) [INEGI]. Falta un dato propio que relacione cuidados y desplazamiento hacia servicios de aborto; es una hipótesis del equipo.
Interculturalidad y no discriminación
Se reconocerán las condiciones diferenciadas de personas indígenas, afromexicanas, migrantes, con discapacidad y pertenecientes a disidencias sexogenéricas. La investigación prestará atención a barreras lingüísticas, culturales e institucionales sin interpretar las experiencias individuales mediante categorías de vulnerabilidad. Su objetivo será evaluar condiciones de acceso, no clasificar a las personas.
ENADIS 2022: 28.2% de personas indígenas, 35.7% de afrodescendientes y 28.5% de migrantes reportan discriminación [INEGI].
Privacidad y autonomía digital
Ruta Libre explorará modelos de información que permitan consultas anónimas sin solicitar identidad, ubicación GPS obligatoria o datos reproductivos. Los prototipos deberán diseñarse para evitar el almacenamiento de búsquedas y trayectos individuales, incluyendo los registros de los sistemas tecnológicos involucrados. La confiabilidad se sustentará en información verificada, fuentes identificables y criterios transparentes de actualización.
Los riesgos que justifican este enfoque: el caso Nebraska (2022) mostró que mensajes y datos digitales pueden usarse como prueba; en México la autoridad de datos pasó al Ejecutivo (2025) y se exige vincular la línea móvil con la CURP (2026, plazos sin verificar). Que estos cambios afecten a quienes buscan ILE es una hipótesis del equipo, sin evidencia de uso para criminalizar en México.
Narrativas y terminología
El proyecto utiliza la palabra aborto para nombrar la experiencia y el ejercicio de la autonomía reproductiva sin reducirlos a una categoría exclusivamente médica. Las expresiones Interrupción Legal del Embarazo (ILE) e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se emplearán al analizar los instrumentos normativos que las utilizan. Su distinción es necesaria para explicar los alcances institucionales de cada servicio sin presentar esas categorías como equivalentes universales.
La manera de nombrar forma parte de las condiciones de acceso a la información. Por ello, Ruta Libre analizará cómo las narrativas institucionales pueden facilitar la comprensión de los derechos o introducir barreras que afecten las decisiones de movilidad.
8. Metodología de investigación
La propuesta contempla una metodología mixta, territorial y participativa, desarrollada mediante un piloto de alcance definido.
Fase 1. Diagnóstico documental e institucional
Se recopilarán datos públicos sobre servicios de aborto, transporte, horarios, ubicación de unidades y criterios de atención. Las fuentes serán evaluadas según su vigencia, cobertura, confiabilidad y posibilidades de integración. Esta fase permitirá distinguir información disponible de variables que requieren investigación adicional.
Fase 2. Análisis de accesibilidad territorial
Se seleccionarán puntos de origen representativos, incluyendo terminales de llegada, zonas metropolitanas y conexiones dentro de CDMX. Mediante herramientas cartográficas se estimarán tiempos, costos, transbordos y compatibilidad de horarios hacia servicios previamente verificados. Los cálculos documentarán sus fuentes, supuestos y limitaciones.
Como puntos de origen, los datos de procedencia señalan al Estado de México (4,170 en 2024–2025) y, a más distancia, a Puebla, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Guerrero. Tarifas de referencia: Metro 5 pesos y Metrobús 6 pesos en 2024.
Fase 3. Validación comunitaria
Se desarrollarán ejercicios participativos con colectivas, acompañantas y ciudadanía para evaluar criterios de accesibilidad, claridad de la información y pertinencia de los indicadores. Las actividades podrán utilizar escenarios ficticios para evitar la recopilación de historias personales sensibles. Los resultados serán contrastados con las fuentes institucionales disponibles.
Fase 4. Análisis y devolución de resultados
La información recopilada permitirá construir un diagnóstico territorial y formular recomendaciones para la coordinación institucional. Los resultados se presentarán de manera agregada, mediante mecanismos de devolución a las personas y organizaciones participantes. La investigación también identificará sus limitaciones y las condiciones necesarias para ampliar el modelo.
9. Resultados esperados y aplicación gubernamental
La investigación propone desarrollar los siguientes productos:
Diagnóstico de movilidad reproductiva. Documento que identifique las condiciones de accesibilidad hacia servicios de aborto desde los territorios seleccionados.
Indicadores territoriales. Variables comparables sobre duración, costos, transbordos, accesibilidad y compatibilidad de horarios.
Inventario institucional verificado. Registro de información pública sobre unidades, servicios, criterios de atención, fuentes y fechas de actualización.
Modelo participativo de validación. Metodología para incorporar conocimientos comunitarios mediante criterios verificables y acuerdos de colaboración.
Recomendaciones de política pública. Propuestas orientadas a mejorar conexiones, coordinación entre servicios, información institucional y planeación territorial.
Estos resultados podrían ser de utilidad para la Secretaría de Movilidad, Salud/IMSS-Bienestar, Secretaría de las Mujeres, Agencia Digital de Innovación Pública y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. La vinculación se plantea como una posibilidad de colaboración futura, de acuerdo con las atribuciones y capacidades de cada dependencia.
La investigación no revisó las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres, la Agencia Digital de Innovación Pública ni el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (sin verificar). Dado que desde julio de 2024 los servicios de salud de la CDMX están a cargo de IMSS-Bienestar, el vínculo con salud puede requerir coordinación federal.
Indicadores para evaluar el piloto
El piloto deberá permitir comprobar la viabilidad del modelo mediante criterios observables:
- Porcentaje de servicios incluidos con fuente y fecha de verificación.
- Número de puntos de origen analizados y alternativas de transporte comparadas.
- Disponibilidad de estimaciones de tiempo, costo y transbordos.
- Identificación de incompatibilidades entre horarios de atención y transporte.
- Comprensión de la información mediante pruebas con escenarios ficticios.
- Cumplimiento de los criterios de privacidad y minimización de datos.
- Número de recomendaciones sustentadas en resultados verificables.
Estos indicadores servirán para evaluar el funcionamiento de la metodología, no para clasificar a las personas que utilizan servicios de aborto.
10. Contribución al futuro de la Ciudad de México
Ruta Libre reconoce que la Ciudad de México cuenta con avances jurídicos, infraestructura pública, experiencia institucional y recursos tecnológicos que constituyen una base para desarrollar nuevas investigaciones. La propuesta plantea aprovechar estas capacidades mediante un modelo que conecte la movilidad reproductiva con la planeación territorial, la participación ciudadana y el derecho al cuidado.
Su innovación no consiste únicamente en desarrollar una plataforma digital, sino en generar conocimiento que permita comprender relaciones actualmente dispersas entre los sistemas de información pública. El enfoque de humanidades aporta herramientas para analizar narrativas, experiencias situadas y relaciones de poder, mientras la tecnología facilita el estudio territorial y la construcción de indicadores. La participación comunitaria contribuye a evaluar la pertinencia del conocimiento producido.
Ruta Libre propone una colaboración entre gobierno y ciudadanía para que la movilidad reproductiva pueda incorporarse a la planeación pública como una dimensión del ejercicio de derechos.
Hacia 2046, aspiramos a una ciudad donde las personas puedan elegir sus desplazamientos con información confiable, sin entregar datos innecesarios ni enfrentar barreras derivadas de una coordinación institucional insuficiente. Una ciudad que reconozca los cuidados como parte de las condiciones materiales de acceso y los saberes comunitarios como contribuciones legítimas a la investigación pública.
Una ciudad que garantiza derechos no es aquella que tiene más herramientas para encontrarlos, sino aquella que construye las condiciones para ejercerlos.
Referencias
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